El acuerdo activa intercambios operativos, análisis conjuntos y un futuro sistema hit/no-hit para el blanqueo ligado a delitos que perjudican el presupuesto europeo.
La norma exige sistemas internos de información a entidades privadas de 50 o más trabajadores y a determinados sectores regulados, y protege a quienes comuniquen infracciones incluidas en su ámbito.