Inteligencia regulatoria para empresasESPAÑA UNIÓN EUROPEA
COMPLIANCEMORNING BRIEF
← Edición del 28 de octubre de 2026

España crea un Consejo Nacional para la cooperación público-privada en PBC/FT

La orden establece un foro permanente entre autoridades y sujetos obligados para intercambiar información, analizar riesgos y proponer guías y prioridades, con límites expresos de protección de datos y confidencialidad.

Sectores: Financiero · Transversal

Fuente original · BOE · Orden ECM/1101/2026, de 16 de octubre

Qué se ha publicado

La Orden ECM/1101/2026, firmada el 16 de octubre y publicada en el BOE el 22 de octubre, crea el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación. El Consejo queda adscrito a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y será presidido por la Dirección del SEPBLAC. Su Pleno integra autoridades y representantes temporales de las categorías de sujetos obligados del artículo 2.1 de la Ley 10/2010. Podrá intercambiar información estratégica, táctica y operativa, contribuir al análisis nacional de riesgos, proponer informes, guías y prioridades y constituir comisiones técnicas sectoriales.

Consecuencias jurídicas para las empresas

La orden institucionaliza la cooperación público-privada y puede acelerar la difusión de tipologías, prioridades y buenas prácticas que después influyan en expectativas supervisoras y evaluaciones de riesgo. No crea por sí sola nuevas obligaciones de diligencia debida o comunicación para las empresas. El intercambio de información debe ajustarse a los artículos 32 ter y 33 de la Ley 10/2010 y a los principios de necesidad, proporcionalidad, confidencialidad y seguridad, además de la normativa de protección de datos y el secreto profesional. Los informes del Consejo y de sus comisiones no serán preceptivos ni vinculantes.

Tres actuaciones concretas

  1. Seguir las designaciones sectoriales, comisiones técnicas y futuros estudios, guías o prioridades que publique el Consejo.
  2. Definir qué información puede compartirse al amparo de los artículos 32 ter y 33 de la Ley 10/2010 y documentar necesidad, proporcionalidad, seguridad y confidencialidad.
  3. Contrastar las nuevas tipologías y prioridades con la evaluación de riesgos, los escenarios de alerta y la formación del personal.