Propone que las UIF apliquen el régimen de protección de datos del ámbito penal cuando previenen y detectan blanqueo y financiación del terrorismo, con restricciones de acceso proporcionadas y controlables.
La autoridad propone aclarar el perímetro de DeFi y stablecoins, considerar la regulación de staking y crédito cripto y reforzar la supervisión transfronteriza.